El retraso en la publicación del nuevo reglamento de seguridad privada es un tema que indigna profundamente a los que, como nosotros, los vigilantes de seguridad, nos dejamos la piel día a día para proteger a personas, bienes e instalaciones en toda España. La Ley de Seguridad Privada 5/2014 se anunció como un paso adelante, una base sólida sobre la que construir una regulación moderna y eficaz para nuestro sector. Sin embargo, han pasado diez años desde su entrada en vigor, y seguimos esperando un reglamento que nunca llega. Nos sentimos abandonados, olvidados por quienes deberían garantizarnos un marco legal actualizado y eficaz, que nos respalde en nuestro trabajo diario. Este abandono no solo viene del Ministerio del Interior, que parece mirar hacia otro lado, sino también de las propias empresas de seguridad, que priorizan sus beneficios antes que nuestras condiciones laborales y nuestra seguridad jurídica.

Cada día salimos a trabajar con un reglamento que está tan obsoleto como las primeras cámaras de vigilancia que llegaron al mercado. Este reglamento, redactado hace décadas, no responde a los desafíos actuales. Los delitos han evolucionado, las tecnologías han avanzado y los riesgos a los que nos enfrentamos son mucho más complejos que los de hace 20 años. Pero ahí seguimos, con normas que no cubren adecuadamente nuestras necesidades ni las de los ciudadanos a los que protegemos. ¿Cómo es posible que un sector tan importante como el nuestro, que complementa a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, esté regulado por un texto tan anticuado? Esto no es solo una falta de respeto hacia nuestra profesión; es una negligencia que pone en riesgo la seguridad de todos.

El Ministerio del Interior no solo nos ignora a nosotros, sino también a las demandas de un sector que lleva años exigiendo cambios. No pedimos privilegios; pedimos que se actualicen las herramientas legales con las que trabajamos. Necesitamos un reglamento que clarifique nuestras funciones, que nos proteja frente a las responsabilidades excesivas y que nos dé una formación adecuada para enfrentarnos a los retos actuales. Sin embargo, parece que la seguridad privada no está entre las prioridades del gobierno. Mientras tanto, seguimos trabajando en un limbo legal, enfrentándonos a situaciones en las que nuestra actuación puede ser cuestionada porque las normas no están claras, porque no se han adaptado a los tiempos.

Y si el Ministerio del Interior nos ignora, nuestras propias empresas tampoco se quedan atrás. Para muchas de ellas, somos simplemente un número en una lista, un coste más que minimizar. ¿Cómo pueden las empresas exigirnos profesionalidad, compromiso y resultados cuando ellas mismas no luchan por mejorar nuestras condiciones? No se preocupan por presionar al gobierno para que saque adelante el reglamento, no invierten en nuestra formación ni en nuestro bienestar, y muchas veces nos dejan desprotegidos ante situaciones complicadas. Parece que a las empresas de seguridad solo les interesa ganar contratos, sin importar lo que ocurra con los vigilantes que cumplen esos servicios.

Esta situación genera una profunda insatisfacción entre los que estamos en primera línea. Nos sentimos ignorados, no solo por las instituciones, sino también por los responsables de las empresas para las que trabajamos. Nos exigen que estemos al pie del cañón, que arriesguemos nuestra seguridad, que respondamos a cualquier amenaza, pero no hacen nada por darnos un marco legal adecuado ni unas condiciones laborales dignas. Es frustrante, desmoralizador y, francamente, inaceptable.

El reglamento debería haber llegado hace años, y cada día que pasa sin él es un día más de incertidumbre, un día más en el que estamos expuestos a riesgos innecesarios. Necesitamos claridad en nuestras funciones, protección frente a abusos y garantías de que nuestro trabajo será reconocido y respetado. No podemos seguir con unas normas que no se adaptan a la realidad actual, con una ley que, sin su reglamento, queda coja. Estamos cansados de promesas vacías, de anuncios que no se cumplen, de mesas de negociación que no avanzan. Es hora de que el Ministerio del Interior se tome en serio la seguridad privada, que entienda que somos una pieza clave en el sistema de seguridad del país.

Nuestra insatisfacción no es solo un sentimiento; es una realidad que afecta a nuestra motivación, a nuestra capacidad para hacer nuestro trabajo y, en última instancia, a la seguridad de todos. No pedimos más de lo que es justo: un reglamento actualizado, condiciones laborales dignas y el respeto que nuestra profesión merece. Pero parece que eso es demasiado pedir en un país donde la seguridad privada sigue siendo tratada como un sector de segunda categoría.

Es hora de que las instituciones y las empresas dejen de mirar hacia otro lado. El nuevo reglamento no puede seguir siendo una promesa incumplida; debe ser una realidad. Nosotros, los vigilantes de seguridad, no podemos seguir siendo los grandes olvidados de un sistema que no funciona. Exigimos respeto, justicia y un marco legal que nos permita trabajar con la seguridad y la dignidad que merecemos. Basta ya de excusas. Es el momento de actuar.

                                                                                                                                                                          Por José Martin Sosa Granados.